Entre mudarse o cerrar sus puertas se encuentra el Colegio New Horizons
Distrito Nacional, R.D.
El Colegio Bilingüe New Horizons, ubicado en el sector Bella Vista del Distrito Nacional, se encuentra en medio de un proceso judicial que podría culminar con la pérdida de sus instalaciones actuales, compuestas por seis inmuebles que están bajo amenaza de embargo.
La institución educativa enfrenta una posible subasta pública de sus edificaciones, como parte de la ejecución de una sentencia judicial pendiente desde 2015, cuando la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó el pago de RD$12.2 millones y US$195,684 en favor de las empresas constructoras Sididom y Soluciones Integrales para Desarrollos Inmobiliarios Dominicana.
A pesar de que el colegio ha obtenido otras dos decisiones judiciales a su favor —incluyendo una sentencia del Tribunal Constitucional— las empresas demandantes sostienen que no han recibido el pago correspondiente. A una década del fallo original, el proceso continúa dilatándose debido a recursos legales interpuestos por los representantes del centro educativo.
El más reciente de estos recursos es una recusación contra el juez que conoce el embargo, a quien el colegio acusa de mantener vínculos con las constructoras y favorecer sus intereses. La defensa de New Horizons solicita que el caso sea reasignado a un nuevo magistrado.
En medio de esta situación legal, Fauntly Reynaldo Garrido, gerente del centro, aseguró que el año escolar continuará desarrollándose con normalidad. “Este año escolar y los siguientes seguirán con normalidad, pese a la litis que enfrenta con las constructoras”, declaró.
Posición de las constructoras
Por su parte, representantes de Sididom y Soluciones Integrales explicaron que la disputa legal surgió a raíz de la oposición del colegio a un proyecto residencial de 15 niveles que las empresas pretendían construir en un terreno colindante, para lo cual, aseguran, contaban con todos los permisos legales requeridos.
“Hicieron una serie de acciones para impedir y obstaculizar el proyecto, notificando incluso a bancos para obstaculizar el financiamiento e impugnaron los permisos. Se evidenció que todo esto era porque ellos querían comprar ese inmueble y no querían que se realizara el proyecto. Lo condenaron y se volvió definitiva la sentencia”, indicaron desde las empresas constructoras.
Aseguran que no existe en este momento ningún tipo de negociación con el colegio y advierten que, de no producirse un pago, los bienes podrían ser subastados.
“No hay ninguna negociación y ellos se están arriesgando a que en una venta de pública subasta pierdan el terreno donde está el colegio”, afirmaron.
Hasta el momento, el futuro del plantel permanece en suspenso, a la espera de que los tribunales decidan sobre el recurso pendiente y se defina el curso del embargo.
