Abinader promulga la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y marca un hito en la transparencia del Estado
Santo Domingo.
El presidente Luis Abinader promulgó este lunes la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, una reforma histórica que moderniza el sistema de compras del Estado y fortalece la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
El acto se realizó en la sede de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Allí, Abinader calificó la nueva legislación como “un paso firme y decisivo en la transformación institucional del país”, destacando que se trata de una herramienta clave para combatir la corrupción y garantizar que cada contrato público se traduzca en beneficios reales para la sociedad.
“Hoy reafirmamos con hechos nuestro compromiso con la transparencia, la eficiencia y el fortalecimiento de nuestras instituciones”, expresó el mandatario, quien además anunció que el Gobierno dotará a la DGCP de los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para implementar la ley de manera efectiva.
El presidente subrayó que detrás de cada contrato público “hay una escuela, un hospital, una carretera, un programa social. Hay vidas que se transforman y comunidades que progresan”.
PRINCIPALES INNOVACIONES DE LA LEY 47-25
El director de la DGCP explicó que la nueva normativa incorpora cambios significativos, entre ellos:
- Mayor transparencia y trazabilidad: Todos los procesos de contratación podrán ser auditados desde el inicio hasta la ejecución final.
- Sanciones penales por irregularidades: Se establece un régimen de consecuencias para prevenir y castigar actos ilícitos.
- Compras sostenibles e inclusivas: Se reserva un 30 % del presupuesto para MIPYMES y empresas lideradas por mujeres.
- Nuevos métodos de contratación: Se incorporan herramientas como acuerdos marco y licitaciones abreviadas para agilizar procesos.
- EficomprasRD: Plataforma digital tipo “tienda virtual” para compras menores con total transparencia.
Además, la ley establece una coordinación más estrecha entre la DIGEIG y la Unidad Antifraude de la Contraloría, con el objetivo de dar un seguimiento constante al uso de los fondos públicos. Abinader concluyó resaltando que la ley no solo fortalece el marco legal, sino que transforma el rol de la DGCP, dotándola de mayor independencia y herramientas modernas para supervisar las contrataciones estatales.