Sistema laboral dominicano sobrecargado por despidos y dimisiones
Los tribunales laborales en República Dominicana atraviesan una fuerte congestión de casos, la mayoría relacionados con la terminación de contratos laborales. Abogados y especialistas coinciden en que los conflictos por dimisión y despido injustificado abarcan entre el 75 % y el 90 % de los procesos judiciales, mientras que los casos por desahucio rondan el 10 %. Estas tres figuras legales —dimisión, despido y desahucio— concentran el grueso de los litigios en esta jurisdicción. En el caso de la dimisión, el trabajador alega faltas del empleador para dar por terminada la relación, mientras que el despido ocurre cuando es el empleador quien alega una falta del empleado. El desahucio, por su parte, implica la finalización del contrato sin que se presenten causas específicas y es más común en el sector público.
Según declaraciones ofrecidas por un abogado que labora en uno de los juzgados de trabajo del Distrito Nacional, muchos de estos procesos terminan en acuerdos extrajudiciales. Sin embargo, algunos juristas optan por llevarlos hasta la emisión de una sentencia, ya que consideran que los fallos suelen resultar más beneficiosos para sus representados. El abogado Daniel Jiménez indica que los sectores donde más se presentan casos por dimisión y despido son la construcción y las telecomunicaciones, especialmente en empresas multinacionales de call centers. En esos entornos, asegura, se aplica con frecuencia la llamada “teoría de la economía de la falta”, que consiste en despedir sin pagar prestaciones, apostando a que muchos trabajadores no inicien acciones legales.
Rafael Alburquerque, exsecretario de Trabajo y uno de los redactores del Código Laboral vigente, también considera que cerca del 90 % de las controversias legales laborales están relacionadas con la terminación de contratos, lo que evidencia una tendencia dominante en los tribunales. En el Distrito Nacional, donde operan seis salas laborales y una presidencia, se manejan diariamente alrededor de 150 audiencias, según datos aportados por una fuente del Juzgado de Trabajo. Danny Hernández, usuario del sistema, señala que los procesos en primera instancia se resuelven con relativa rapidez, aunque advierte que los tiempos se extienden considerablemente cuando los casos son apelados ante la Corte. “En el Juzgado de Trabajo los procesos se conocen de manera rápida. Generalmente, en primera instancia no duran mucho. No obstante, cuando el caso pasa a la Corte, el tiempo puede alargarse, aunque se trata de plazos procesales y no de negligencia judicial”, expresó. Hernández detalló que las salas ordinarias conocen entre 30 y 70 audiencias por día, y solo la presidencia maneja hasta seis casos diarios, lo que refleja el alto volumen de expedientes, muchos de ellos vinculados a dimisiones.
Por otro lado, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, advierte que los litigios laborales suelen prolongarse durante años, lo cual afecta severamente a los trabajadores que dependen de ingresos inmediatos, así como a pequeñas y medianas empresas con limitaciones financieras. Abreu también denunció prácticas abusivas de algunos abogados que convierten estos procesos en un negocio, adelantando dinero a cambio de la cesión de derechos o alargando los casos para aumentar la deuda del empleador a través del mecanismo conocido como la “trinitaria”, un recargo diario que se aplica si las prestaciones laborales no se pagan en los primeros diez días tras el despido.
El debate sobre la reforma del Código de Trabajo (Ley 16-92) volvió al Congreso esta semana con la reintroducción del proyecto en el Senado, luego de que la iniciativa perimiera en la Cámara de Diputados. Aunque fue aprobada en una primera ocasión por los senadores en julio, no logró pasar a segunda lectura en la legislatura anterior, por lo que deberá ser estudiada nuevamente. Uno de los puntos más debatidos de la propuesta es la eliminación del juez conciliador, una figura previamente consensuada para agilizar los procesos judiciales. Alburquerque y Abreu coinciden en que excluir esta figura representaría un retroceso que debilitaría el espíritu de la reforma.
Como parte de los esfuerzos para modernizar el sistema, el Ministerio de Trabajo ha anunciado la creación de la Escuela Nacional de Mediación y Conciliación, que estará dirigida por el experto Nelson Espinal. Esta iniciativa busca capacitar mediadores y brindar servicios especializados tanto en el ámbito laboral como en otros sectores.
