Explosión de dron en base policial deja dos agentes muertos y seis heridos en Haití
Puerto Príncipe, Haití.
Dos agentes de la Policía Nacional de Haití murieron y otros seis resultaron heridos este martes tras la explosión de un dron militar en una base del equipo SWAT, ubicada en la zona de Kenscoff, en la capital. El artefacto, que había sido lanzado por un grupo operativo especial para atacar a pandilleros, explotó mientras era manipulado por los oficiales.
Se trata del primer reconocimiento oficial por parte del gobierno haitiano de daños colaterales derivados del uso de drones para combatir a grupos delictivos.
Desde marzo, un grupo de trabajo adscrito a la oficina del primer ministro haitiano —conformado por elementos de la policía, el ejército y otras entidades estatales— ha desplegado drones como parte de su estrategia contra bandas criminales, especialmente la coalición conocida como Viv Ansamn, catalogada como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos.
Según un alto funcionario haitiano, que habló bajo condición de anonimato, el dron no había detonado tras su caída en un campo vacío y fue recogido por residentes locales, quienes lo entregaron a la base policial. Al intentar desactivarlo, el aparato explotó, matando a dos agentes del equipo SWAT.
El consejero presidencial Fritz Alphonse Jean confirmó que dos de los seis heridos se encuentran en estado grave y publicó en su cuenta de X (antes Twitter):
“A nivel presidencial, pedimos a todos nuestros valientes policías que mantengan la calma, la moral alta y continúen la lucha para liberar a nuestro país. Estamos tomando todas las medidas para esclarecer este drama y proporcionar un buen apoyo para superar este difícil momento”.
El contratista militar estadounidense Erik Prince, fundador de Blackwater Worldwide, es uno de los asesores clave del grupo especial de operaciones, el cual ha sido cuestionado por la falta de transparencia y coordinación con la Policía Nacional de Haití.
Aunque el grupo asegura haber advertido sobre el dron caído, la explosión ha generado inquietudes sobre los procedimientos de manejo de artefactos explosivos. Una fuente vinculada al equipo operativo afirmó que se revisarán los protocolos de seguridad para evitar situaciones similares en el futuro.
A pesar del incidente, el gobierno reafirma que las operaciones contra Viv Ansamn continuarán sin tregua. El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé emitió una declaración contundente:
“El Estado reafirma solemnemente que ningún sacrificio será en vano. Se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a nuestros policías, reforzar la seguridad nacional y afirmar inequívocamente la autoridad del Estado frente a las amenazas contra nuestro pueblo”.
De acuerdo con un informe de derechos humanos de la ONU, entre abril y junio de 2025, 236 personas han muerto por ataques con drones, incluidos seis civiles. Uno de los casos más graves ocurrió el 21 de junio, cuando dos mujeres perdieron la vida tras un ataque no dirigido específicamente contra ellas, en la zona de Martissant.
Pese al despliegue de tecnología, los ataques aún no han logrado eliminar a líderes destacados de las pandillas, aunque se reportan algunos heridos. Los grupos de derechos humanos critican la falta de transparencia y control, señalando que el programa de drones podría contravenir el derecho internacional.
