Conocerán medida de coerción a 11 policías acusados de matar cinco hombres en Santiago
Santiago, R.D.- Será este jueves cuando el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago conozca la medida de coerción contra los once agentes de la Policía Nacional implicados en la muerte de cinco hombres, ocurrida el pasado 10 de septiembre durante un supuesto operativo en una plaza comercial de La Barranquita, provincia Santiago.
Medidas que solicita el ministerio Público
El Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, al atribuir a los imputados los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario.
Los arrestos se realizaron en el marco de una investigación dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la fiscal titular interina de Santiago, Quirsa Milagros Abreu, bajo las instrucciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
El hecho, imputados y víctimas
Los acusados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los sargentos Sócrates Fidel Féliz Féliz y Hairo Mateo Morillo; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Todos estaban adscritos a distintos departamentos en Santiago y habrían participado directamente en la ejecución de las víctimas.
Las personas fallecidas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.
Murieron tras resultar heridos en el operativo y ser trasladados al Hospital Regional Universitario Doctor Cabral y Báez.
Según el expediente, los agentes llegaron a bordo de tres vehículos —dos automóviles y un Kia K5 del 2013— y dispararon de manera indiscriminada. Un testigo logró grabar parte del hecho con su celular, el cual habría sido confiscado por los agentes, junto con los DVR de videovigilancia de los negocios cercanos.
El Ministerio Público sostiene que los acusados contactaron a propietarios de locales cerrados para exigir la entrega de los equipos de grabación. Estas acciones habrían tenido el objetivo de obstruir la investigación y alterar la escena del crimen.
La acusación preliminar se basa en los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican asociación de malhechores y homicidio voluntario.
La audiencia de medida de coerción será conocida hoy en la jurisdicción de atención permanente del Palacio de Justicia de Santiago, donde el Ministerio Público presentará sus pruebas para justificar la prisión preventiva.
Familiares de las víctimas han exigido justicia y una sanción ejemplar, calificando el hecho como una ejecución extrajudicial.
El caso ha generado gran impacto a nivel nacional, reviviendo el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y la necesidad de reformas estructurales dentro de la institución.