Denuncian exclusión de la Ley de Autismo en el Presupuesto General del Estado 2026
Santo Domingo, R.D – La activista social y defensora de los derechos neurodivergentes, Maxi Feliz, alertó este lunes sobre la ausencia de una asignación presupuestaria específica para la implementación de la Ley 34-23 sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026.
Revisión del gasto público
Según explicó Feliz, tras realizar una auditoría ciudadana al documento publicado por la Dirección General de Presupuesto (Digepres), se comprobó que la normativa no aparece contemplada como programa institucional ni como gasto condicionado por ley. La activista advirtió que esta omisión mantiene en un estado de indefensión y vulnerabilidad a miles de familias dominicanas que dependen de la asistencia estatal.
La Ley 34-23, en su artículo 53, establece claramente la obligación del Estado de consignar los fondos necesarios para su ejecución. Para Feliz, ignorar este mandato constituye un incumplimiento legal que vulnera derechos fundamentales de salud, educación e inclusión, protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales.
La espera de la comunidad azul
La denuncia surge en un contexto de frustración para la denominada comunidad azul, que esperaba que la promulgación de la ley se tradujera en cambios estructurales tangibles.
“La comunidad azul no exige privilegios. Exige cumplimiento de la ley. Porque sin presupuesto no hay derechos, y la espera prolongada también vulnera”, sentenció la activista.
Llamado a la transparencia y ejecución
Feliz reconoció que, aunque el presidente Luis Abinader ha admitido públicamente las limitaciones financieras actuales para la ley, los derechos de la niñez y las personas con autismo no pueden seguir postergados.
Ante este escenario, hizo un llamado urgente a las autoridades para que rectifiquen el proyecto de presupuesto, incluyan una partida específica y designen responsables claros para la ejecución de los recursos, garantizando así que la legislación pase del papel a la realidad operativa.
