Detectan red de irregularidades en el mantenimiento de escuelas públicas
Santo Domingo, R.D.- Desde que se asignó el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) al sector educativo en República Dominicana, se esperaba una transformación estructural: aulas dignas, comedores escolares, techos impermeabilizados y laboratorios modernos. Sin embargo, recientes hallazgos de la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar (DGMIE) del Ministerio de Educación (Minerd) revelan serias anomalías en el uso de estos fondos.
El informe detalla múltiples casos en los que contratistas cobraron por trabajos incompletos, mal ejecutados o no realizados. Estas irregularidades fueron avaladas mediante firmas de conformidad emitidas por personal técnico y administrativo del propio ministerio.
Las prácticas detectadas incluyen:
- Mediciones infladas: se registraron áreas superiores a las reales, generando pagos en exceso.
- Obras inexistentes: planteles escolares figuraban como terminados sin haberse ejecutado las mejoras.
- Sustitución de materiales: se utilizaron insumos más económicos que los presupuestados.
- Empresas pantalla: compañías sin experiencia ni estructura ganaban licitaciones mediante razones sociales recicladas.
- Aval interno: funcionarios firmaban certificaciones que permitían el desembolso por obras no ejecutadas.
- Protección institucional: al surgir denuncias, en muchos casos se trasladaban responsables sin sanción efectiva.
Uno de los casos citados en el informe involucra a un ingeniero que, con un salario mensual de RD$44,591.25, tenía a su cargo la validación técnica de proyectos millonarios. Su firma aparece en múltiples documentos que certifican obras que no se llevaron a cabo.
El esquema, según el reporte, operaba de forma cíclica: escuelas intervenidas parcialmente volvían a requerir mantenimiento en corto tiempo, lo que generaba nuevas licitaciones. En muchos casos, las mismas empresas o sus sucesoras legales participaban nuevamente en los procesos.
Estas irregularidades no solo comprometen recursos públicos, sino que afectan directamente a la comunidad educativa: estudiantes expuestos a aulas en malas condiciones, docentes sin garantías mínimas de infraestructura y padres que pierden la confianza en el sistema.
El Ministerio de Educación ha iniciado acciones internas para responder a las denuncias y ha anunciado mecanismos de recepción de quejas y control ciudadano en sus distintas sedes regionales.
