Funcionarios públicos vinculados a corrupción serán inhabilitados hasta 5 años y no podrán negocios con el estado dominicano según ley de compras públicas
Santo Domingo, R.D.- Las empresas vinculadas a actos de corrupción en el manejo de recursos públicos serán inhabilitadas para participar en procesos de licitación o establecer contratos con el Estado dominicano, según lo establece la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, que entrará en vigencia a partir de enero del próximo año.
De igual forma, los representantes de estas compañías no podrán ejercer funciones públicas durante un período de cinco años.
Así lo explicó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante una conferencia sobre el nuevo Código Penal realizada en la Dirección General de Aduanas. La magistrada subrayó que estas disposiciones buscan fortalecer la lucha contra la corrupción administrativa y garantizar la protección del patrimonio público.
“Cuando se comete corrupción, los fondos que deben ir a salud pública, educación y seguridad no llegan”, sostuvo Reynoso, quien además afirmó que “la sociedad es la mayor víctima” de estos delitos.
Con la implementación de la nueva ley y la reforma del Código Penal, la corrupción pasa a ser reconocida como un delito autónomo. Reynoso señaló que cualquier acto doloso que afecte los fondos públicos podrá ser sancionado, incluso si no está tipificado de forma específica, de manera similar a como opera la ley de lavado de activos.
Además, se contempla la posibilidad de que las empresas responsables de actos ilícitos sean suspendidas temporalmente e incluso disueltas, si se demuestra judicialmente su responsabilidad penal.
Entre las herramientas para la detección de actos irregulares, se incluirán auditorías visuales a servidores públicos, cuyo estilo de vida, consumo o movimientos bancarios no se correspondan con los ingresos percibidos. Esta práctica permitirá abrir investigaciones basadas en discrepancias visibles.
“La honestidad, transparencia y eficiencia no son valores agregados de un servidor público, son intrínsecos a la labor de un funcionario”, recalcó Reynoso.
En ese mismo orden, indicó que la Dirección de Ética y Transparencia impulsa una campaña para fomentar la denuncia ciudadana, la cual podrá realizarse de forma anónima o identificada. Todas las denuncias serán recibidas de manera digital por la Procuraduría Especializada en la Investigación de la Corrupción Administrativa, desde donde se iniciarán las indagatorias correspondientes.
Como parte de las novedades del nuevo marco jurídico, el Código Penal contempla también el procesamiento penal de empresas por delitos como fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos aduanales.
El evento fue organizado siguiendo recomendaciones del presidente Luis Abinader en el marco de un Consejo de Gobierno, con el objetivo de socializar los cambios introducidos por la nueva normativa y sus implicaciones legales.
El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, aseguró que la implementación de estas leyes refuerza el compromiso del Gobierno con la institucionalidad y la lucha contra los ilícitos económicos, y destacó el valor pedagógico de estas conferencias para los distintos actores del comercio y la administración pública.