Inquilinos salen a las calles tras presunto atropello por desalojos en barrios afectados por ampliación de la República de Colombia

Santo Domingo, R.D.– Residentes de los sectores Cuba y La Esperanza denunciaron que están siendo desalojados sin compensación económica como parte de los trabajos de ampliación de la avenida República de Colombia, a pesar de que han habitado y desarrollado actividades económicas en la zona por años.

Los afectados, que incluyen familias e inquilinos comerciales, se concentraron pacíficamente en la intersección de República de Colombia con la calle Los Conquistadores para llamar la atención de las autoridades ante lo que califican como una situación injusta.

Afirman que el Ministerio de Obras Públicas y los ingenieros contratistas solo han mantenido conversaciones con los propietarios de los inmuebles, sin ofrecer soluciones a quienes alquilan viviendas o locales. Según su testimonio, se les ha dado un plazo de apenas cinco días para desalojar, sin recibir ninguna compensación o asistencia para reubicarse.

Uno de los manifestantes, Ernesto Camilo, explicó que ha operado un taller de mecánica en el barrio Cuba por dos décadas, y que el desalojo abrupto representa no solo la pérdida de su negocio, sino también un golpe directo a la estabilidad de su familia.

Sostiene que acudieron al Ministerio de Obras Públicas, donde algunos ingenieros mencionaron la posibilidad de que los propietarios entreguen algunos depósitos a los inquilinos, pero esa opción fue rechazada por los afectados. A su juicio, es el Estado quien debe asumir la responsabilidad, ya que es su intervención la que está provocando el desplazamiento forzoso.

Otro residente, Roberto Acosta, señaló que en el barrio se está produciendo una situación de atropello, ya que muchos inquilinos no fueron informados ni tomados en cuenta en las negociaciones, y ahora se ven forzados a abandonar sus hogares y negocios en cuestión de días.

Según dijo, la respuesta de los encargados de la obra ha sido tajante: no hay espacio para negociar con inquilinos, solo con los dueños. Esto, aseguran, ha dejado en el limbo a más de un centenar de familias y cerca de 40 pequeños comerciantes.

Los manifestantes pidieron la intervención directa del presidente Luis Abinader y del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, con el objetivo de que se revisen los protocolos de desalojo y se garantice un trato justo a todos los afectados, sin distinción de estatus de propiedad.

Advirtieron que, de no obtener respuesta en los próximos días, podrían pasar de la protesta pacífica a otras acciones más contundentes para evitar lo que describen como una violación a sus derechos fundamentales.