MP formaliza solicitud de coerción contra mayor del Ejército por muerte de joven en Los Guandules
Santo Domingo, R.D – El Ministerio Público depositó formalmente el pasado lunes 29 de diciembre la solicitud de medida de coerción en contra del mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), Diego Geraldo Mesa Arismendy. El oficial superior es señalado como el principal sospechoso de la muerte de Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años, en un hecho que ha consternado al sector Los Guandules del Distrito Nacional.
Petición de prisión preventiva
El órgano persecutor indicó que solicitará la imposición de prisión preventiva como medida cautelar. La fiscalía sustenta su pedimento asegurando que existen elementos probatorios suficientes que vinculan directamente al imputado con el crimen, lo que justifica su privación de libertad conforme a lo establecido en la normativa procesal penal vigente.
Mesa Arismendy, quien fue arrestado tras una exhaustiva investigación, se encuentra actualmente bajo custodia en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que el tribunal fije la audiencia para conocer la solicitud.
Cronología de la tragedia
El incidente que cobró la vida de Santos Pacheco ocurrió la madrugada del pasado 26 de diciembre. Según el expediente preliminar, la joven recibió un impacto de bala mientras se encontraba en las proximidades de su residencia. Su cuerpo fue hallado posteriormente en la vía pública, lo que detonó el inicio de las pesquisas a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Evidencias clave
Para dar con el paradero del oficial, los investigadores desplegaron una serie de diligencias técnicas y científicas en la escena del crimen:
- Análisis de video: El levantamiento de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia de la zona fue determinante para identificar al sospechoso.
- Testimonios: Las entrevistas realizadas a testigos presenciales y residentes del sector permitieron corroborar la línea de investigación que condujo al arresto del militar.
El caso mantiene en vilo a los familiares de la víctima y a la sociedad en general, quienes exigen que el peso de la ley caiga sobre el responsable de este hecho de sangre.