Nuevo reglamento elimina intermediarios y discrecionalidad en la publicidad estatal
Santo Domingo, R.D.- El nuevo reglamento de aplicación de la reformada Ley de Contrataciones Públicas (Ley 47-25) ha establecido reglas más estrictas para la colocación de publicidad oficial, con el objetivo de eliminar la discrecionalidad en la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) y prohibir el uso del régimen de excepción para contratar intermediarios.
La normativa busca corregir distorsiones observadas en el pasado reciente. Durante la gestión anterior de la Diecom, encabezada por Homero Figueroa, se recurrió a la modalidad de excepción justificándola en la "confianza y experiencia" del contratista, lo que permitió la asignación de millonarios contratos a agencias publicitarias sin los debidos procesos competitivos.
Artículo 167: Sin intermediarios ni agencias
El artículo 167 del nuevo reglamento traza cinco pautas ineludibles para la contratación de publicidad. La regla principal establece que toda orden de compra o contrato debe suscribirse directamente con el medio de comunicación o la plataforma titular del espacio, eliminando la figura del intermediario.
El texto es explícito al señalar "que no exista intermediación comercial, agencias o representantes que encarezcan o distorsionen los precios del servicio".
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aclaró que, si el Estado desea contratar centrales de medios o agencias de publicidad, dicha acción no está amparada por el procedimiento de excepción. Por lo tanto, debe realizarse mediante procedimientos ordinarios que garanticen la competencia, transparencia e igualdad de trato.
Antecedentes y restricciones
Esta regulación surge tras controversias detectadas en 2024 y principios de 2025. Mediante la Resolución RIC-114-2024, la DGCP ya había advertido a la Diecom que sus justificaciones para procesos de excepción no eran válidas.
Dicha resolución respondió a una investigación sobre procesos que ascendieron a 1,450 millones de pesos y posteriormente a 2,700 millones de pesos, beneficiando a empresas como Aordominicana, All Media, OMD Dominicana y Advanced Media Center.
La ley reitera que los procedimientos de excepción están reservados para emergencias (catástrofes, crisis sanitarias) o seguridad nacional. Para casos de exclusividad, se exige ahora un estudio de mercado previo que demuestre que existe una cantidad limitada de proveedores capaces de atender la necesidad, cerrando el paso a la adjudicación arbitraria.