Ratifican prisión a Santiago Hazim por fraude al SeNaSa y MP anuncia "Cobra 2.0"
Santo Domingo, R.D.- La Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la madrugada de este jueves la prisión preventiva impuesta a Santiago Marcelo Francisco Hazim Albainy, señalado como el principal cabecilla de la red corrupta que estafó al Estado con más de 14 mil millones de pesos pertenecientes al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión fue celebrada por el procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabezó el equipo de fiscales. Camacho calificó el fallo como un reconocimiento a la fortaleza de la investigación y aprovechó el escenario para advertir que el Ministerio Público no se detendrá.
“Estamos avanzando... les aseguro que muy pronto nos estaremos viendo de nuevo hablando de la versión 2.0 de Operación Cobra”, reveló el titular de la Dirección General de Persecución.
Rechazo a recursos y legalidad de la prisión
El pleno del tribunal, integrado por los magistrados Isis Muñoz (presidenta), Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, desestimó los recursos de apelación presentados no solo por Hazim Albainy, sino también por los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
En su fallo, los jueces rechazaron la inconstitucionalidad planteada por la defensa respecto a los plazos de la prisión preventiva. El tribunal argumentó que la medida cautelar busca asegurar la presencia del imputado en todas las etapas del proceso y que el plazo de 18 meses no violenta la Constitución ni es desproporcional ante la gravedad de los hechos.
Impacto en 7 millones de afiliados
Camacho reiteró que el daño causado a los servicios sanitarios de más de 7 millones de afiliados del SeNaSa es una situación "calamitosa". Aseguró que la prisión preventiva es la medida adecuada y proporcional para garantizar que los responsables respondan por el desfalco millonario.
Con esta resolución, se confirma en todas sus partes la decisión tomada en diciembre pasado por el juez Rigoberto Sena Ferreras, manteniendo a los principales encartados bajo custodia mientras avanza la investigación de la denominada Operación Cobra.