Silencio tras revelaciones del caso La Barranquita: Faride y director PN no dieron rueda de prensa

Santo Domingo, R.D.- En un hecho poco habitual, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, se abstuvieron de participar en la acostumbrada rueda de prensa luego de la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta. La ausencia ocurre en un contexto delicado, luego de que el expediente de medida de coerción en el caso La Barranquita revelara que las cinco víctimas no dispararon armas de fuego, contradiciendo la versión inicial de la institución del orden.

Según documentos del Ministerio Público, los resultados de las autopsias, los análisis balísticos y los residuos de pólvora demuestran que ninguno de los fallecidos efectuó disparos. Los proyectiles extraídos de sus cuerpos coinciden con armas reglamentarias usadas por agentes policiales. Asimismo, los exámenes toxicológicos no detectaron sustancias controladas en los organismos de las víctimas.

Frente a las preguntas de los periodistas, fue el vocero oficial, coronel Diego Pesqueira, quien asumió las declaraciones en ausencia de los altos mandos policiales. Afirmó que desde el inicio se advirtió que se trataba de “un evento en desarrollo” y recordó que algunas de las personas fallecidas tenían antecedentes penales.

“Este caso fue enviado al Ministerio Público y ya se encuentra judicializado. Nosotros, como Policía Nacional, somos respetuosos de los procesos judiciales y estamos cumpliendo con todos los requisitos”, declaró Pesqueira, sin abordar directamente las discrepancias entre la versión institucional y las evidencias presentadas por la Fiscalía.

Cuestionado sobre denuncias previas de impunidad y falta de seguimiento en casos similares, el vocero reiteró que las investigaciones recayeron en el Ministerio Público:

“Cada uno de los casos que involucra a agentes, tal y como lo establece la norma procesal, cae en manos del Ministerio Público. Cualquier pregunta sobre este particular, ellos pueden responder en la jurisdicción correspondiente”, concluyó.

Ministerio Público califica operativo como ejecución extrajudicial

En su acusación formal, el Ministerio Público describe el operativo como una ejecución extrajudicial planificada: aseguran tener pruebas suficientes de que los agentes policiales ejecutaron a las víctimas y luego manipularon pruebas para ocultar las acciones.

Los imputados en la causa son once miembros de las fuerzas policiales, entre ellos el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo Antonio de los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación y Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, todos adscritos al Departamento de Investigación de Crimen Organizado y Casos Complejos (DICOC).
También están implicados Hansel Michel Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Feliz Feliz, Hairo Mateo Morillo, César Augusto Martínez Trinidad y José Octavio Jiménez Peña, miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM).

Las víctimas identificadas son:

• Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), 26 años
• Julio Alberto Gómez (La Tabla), 28 años
• Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly), 40 años
• Edward Bernardo Peña Rodríguez, 35 años
• José Vladimir Valerio Estévez, 25 años

Tras el incidente, la Policía aseguró que los cinco abatidos supuestamente “enfrentaron a tiros a los agentes” y que estaban vinculados a delitos. Esa versión ahora queda en entredicho con los hallazgos de la Fiscalía, que apuntan a una narrativa completamente diferente.