Auditoría revela empleados públicos con altos salarios beneficiados de programas sociales durante la pandemia
Santo Domingo, R.D.- Una nueva auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reveló que durante la pandemia del COVID-19, decenas de empleados públicos con salarios que alcanzaban hasta los RD$900,000 mensuales recibieron ayudas económicas de los programas sociales creados por el Gobierno, originalmente dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.
El informe, titulado “Examen Coordinado a los Programas de Ayudas Socioeconómicas implementados durante la pandemia del COVID-19”, evaluó la ejecución de los programas Quédate en Casa, FASE y Pa’ Ti, concluyendo que, aunque el país contó con un marco legal adecuado para enfrentar la emergencia sanitaria, existieron deficiencias en los mecanismos de control, inclusión y monitoreo de los beneficiarios.
Empleados del Estado entre los beneficiarios
De acuerdo con la investigación, la Cámara de Cuentas comprobó que no se aplicaron filtros eficaces para impedir que empleados públicos con altos ingresos accedieran a los subsidios, lo que provocó que recursos destinados a los sectores más vulnerables terminaran beneficiando a personas que no cumplían con los criterios de necesidad económica.
“El proceso de selección de beneficiarios careció de una depuración efectiva que garantizara que las ayudas fueran otorgadas exclusivamente a hogares de escasos recursos”, indica la auditoría.
En los anexos del documento se detalla que entre los beneficiarios figuran servidores de Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Contraloría General de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Obras Públicas, entre otras entidades estatales.
Entre los casos citados se encuentra una empleada del Ministerio de Industria y Comercio que devengaba RD$400,000 mensuales y aun así fue incluida en el programa Pa’ Ti, diseñado para trabajadores informales afectados por la crisis. También aparecen un empleado de la Contraloría con más de RD$600,000, otro de la Vicepresidencia con RD$300,000, uno de Medio Ambiente con RD$800,000 y otro de Obras Públicas con más de RD$900,000 pesos mensuales.
Deficiencias en la supervisión y recomendaciones
El informe resalta que, si bien el Gobierno definió correctamente las instituciones líderes y los mecanismos de pago, hubo fallas en la supervisión y evaluación del impacto real de los programas sociales.
En su conclusión general, la Cámara de Cuentas afirma que, pese a la existencia de un marco legal sólido, “se evidenció deficiencia en la identificación de riesgos, en la inclusión de beneficiarios y en el monitoreo y evaluación del impacto de los programas”.
El órgano fiscalizador recomendó al Estado establecer metodologías e indicadores de control y transparencia para mejorar la administración de fondos públicos en situaciones de emergencia. Además, instó a las instituciones responsables a elaborar un plan de acción correctivo en un plazo de 25 días calendario, con el fin de garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.