Cámara de Diputados aprueba en primera lectura el nuevo Código Procesal Penal
Santo Domingo, R.D. - El cuerpo congresual de la República Dominicana dedicó amplios debates a la pieza legislativa, con la participación de 19 diputados de todas las bancadas, subrayando la importancia de reducir la mora legislativa. El texto aprobado el pasado martes 11 de diciembre en primera lectura consta de 471 artículos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que el proyecto de ley del Código Procesal Penal tiene la misma magnitud histórica que la Ley de Extinción de Dominio y el nuevo Código Penal. Pacheco valoró el consenso: "Este es uno de los grandes proyectos que este Congreso Nacional debe conocer".
Pacheco agradeció el trabajo del Senado, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Procuraduría, destacando que el esfuerzo conjunto busca "defender los derechos fundamentales" de los ciudadanos. De igual forma, el presidente de la Comisión Permanente de Justicia, diputado Wandy Batista, aseguró que el estudio del proyecto se realizó con "reflexión, seriedad y conciencia" para lograr un criterio equilibrado.
Límite de 4 años para juicios y selección de peritos
El debate en el Pleno generó modificaciones cruciales. El diputado Eugenio Cedeño alertó a sus colegas sobre el riesgo de aprobar una ley que "en vez de avanzar retroceda", especialmente en artículos que otorgaban decisiones exclusivas al Ministerio Público (MP).
Una de las propuestas acogidas fue que sean los jueces y los tribunales, y no el Ministerio Público, quienes seleccionen los peritos para evitar que el MP se constituya en "juez y parte".
Otro punto esencial aprobado fue el límite de duración del proceso. El informe de la Comisión de Justicia señala que:
- La duración máxima de todo proceso es de cuatro años, contados a partir de los primeros actos del procedimiento.
- Este plazo solo se podrá extender por doce meses adicionales en caso de una sentencia condenatoria, con el fin de tramitar los recursos legales correspondientes. El objetivo es claro: evitar la denegación de justicia por procesos excesivamente largos.
