Código Procesal Penal pende de un hilo: Congreso corre contra el reloj para evitar su derogación
A pocos días de vencerse el plazo otorgado por el Tribunal Constitucional (TC), la Ley 10-15 del Código Procesal Penal corre el riesgo de quedar derogada el próximo 11 de diciembre.
Santo Domingo, R.D. - La Ley 10-15 del Código Procesal Penal se encuentra en una situación crítica, con la posibilidad de pasar a estado de derogada el próximo 11 de diciembre, si el Congreso Nacional no acata la sentencia TC/076524 del Tribunal Constitucional, que detectó inconstitucionalidades en su contenido y otorgó un plazo de un año para corregirlas.
Si el plazo vence sin una solución legislativa, la República Dominicana se vería obligada a retroceder jurídicamente al año 2002, fecha en la que entró en vigencia el antiguo Código Procesal Penal, antes de su reforma en 2015.
Choque de visiones entre Cámaras
Ante la premura, el Senado de la República aprobó el pasado 28 de octubre un proyecto de ley que, además de resolver el conflicto constitucional, prepara el marco procedimental para el nuevo Código Penal (programado para 2026). El senador Omar Fernández, uno de los autores, defendió la pieza alegando que fue "muy discutida y consensuada" y que los diputados aún tienen tiempo para analizarla.
Sin embargo, la visión en la Cámara de Diputados es distinta. La comisión de Justicia, presidida por el diputado Wandy Taveras, prefiere postergar la reforma profunda enviada por el Senado y concentrarse en una solución rápida que solo subsane las inconstitucionalidades.
“El plan es reincorporar todo porque sino volveríamos al año 2002. Luego de que eso esté subsanado y no tengamos el peligro de la inconstitucionalidad, nos sentamos tranquilos a analizar la reforma profunda que vino del Senado”, explicó Taveras, argumentando falta de tiempo para estudiar la propuesta de los senadores.
Sin tiempo para leerlo
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció este miércoles que están evaluando los mecanismos posibles antes del plazo fatal, pero coincidió en que no cuentan con el tiempo suficiente para discutir la iniciativa proveniente de la cámara alta.
“Tenemos que tomar acciones, sin ser arbitrarios... Vamos a ver qué salidas podemos encontrar en caso de que no logremos un consenso”, declaró Pacheco, garantizando a la sociedad que buscarán la mejor decisión para evitar el vacío jurídico.
Taveras advirtió que la entrada en vigencia de la inconstitucionalidad crearía "graves problemas a los procesos judiciales que están en curso" en los tribunales del país.
