Defensa de Gonzalo Castillo tilda acusación de "política" y pide nulidad por plazos vencidos
Santo Domingo, R.D- La barra de defensa del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial, Gonzalo Castillo, pasó a la ofensiva este jueves ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción. En el inicio de su ponencia, los abogados descalificaron la acusación del Ministerio Público, asegurando que el expediente no busca justicia, sino aniquilar las posibilidades políticas futuras del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La abogada Laura Acosta, quien lideró la apertura de los argumentos, sostuvo que el órgano persecutor construyó una narrativa basada en el "falseamiento de hechos" y una imputación selectiva. Según la jurista, el objetivo predefinido siempre fue exhibir a figuras como Gonzalo Castillo y al exministro José Ramón Peralta en el banquillo de los acusados, desviándose de la objetividad que exigen las pruebas.
Solicitud de inadmisibilidad por plazos
Más allá de los alegatos políticos, la defensa técnica presentó incidentes formales buscando que el tribunal declare la inadmisibilidad de la acusación. El argumento central es que el Ministerio Público depositó el expediente fuera del tiempo hábil establecido por la ley.
Acosta explicó que, tras el rechazo de una solicitud de prórroga, el plazo fatal para presentar la acusación habría vencido antes de que la Fiscalía formalizara el depósito, lo que, a juicio de la defensa, vicia el proceso de nulidad.
Cuestionamientos a la evidencia digital
Otro flanco de ataque de la defensa de Castillo, integrada también por los abogados Luis Rivas y Nassef Perdomo, se centró en la cadena de custodia y la integridad de las pruebas. Denunciaron supuestas irregularidades en la entrega de los discos duros que contienen la evidencia digital.
Los letrados señalaron discrepancias sospechosas entre las fechas de creación, modificación y carga de los documentos electrónicos, lo que pone en entredicho la autenticidad del material probatorio que sustenta la supuesta sustracción de miles de millones de pesos del erario.
El proceso, que también involucra al exministro de Hacienda Donald Guerrero y es arbitrado por la jueza Altagracia Ramírez, continúa en etapa preliminar mientras la defensa intenta desmontar la calificación jurídica de los hechos y las querellas presentadas por el Estado.