Diputado Tobías Crespo critica el uso de la delación premiada en casos de corrupción administrativa
Santo Domingo, R.D. - El diputado Tobías Crespo manifestó este viernes su rechazo al uso de figuras jurídicas como la delación premiada, el juicio abreviado y la suspensión condicional del proceso en los expedientes de corrupción administrativa. Aunque estos mecanismos se encuentran contemplados tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal, el legislador entiende que su aplicación genera una percepción equivocada ante la ciudadanía.
El Peligro de la Reincidencia
Crespo fue enfático al advertir sobre las consecuencias del esquema actual. A su juicio, se permite que el individuo involucrado obtenga beneficios desproporcionados a cambio de una mínima compensación:
“Quien roba mucho devuelve un 3% o un 5%, no va preso, delata a los demás y después vuelve a aparecer en otro escándalo de corrupción.”
El diputado señaló que es común ver cómo “los mismos nombres, los mismos empresarios y las mismas personas” reaparecen involucrados en casos similares de desfalco.
Operación Cobra
A propósito de la reciente judicialización de la Operación Cobra, que investiga un caso de desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el legislador insistió en que los beneficios procesales deben ser urgentemente revisados y modificados.
Su propuesta apunta a que, independientemente de que los imputados logren devolver una parte o la totalidad de los fondos sustraídos, estos también deben enfrentar sanciones privativas de libertad. El diputado argumenta que solo la combinación de la devolución del dinero y la pena de cárcel podrá evitar la repetición constante de estas prácticas.
Durante el conocimiento de la medida de coerción de la Operación Cobra, se reveló que tres de los imputados admitieron ante el juez haber pagado sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, así como a otros funcionarios de dicha entidad estatal.
El Ministerio Público ha destacado la solidez del expediente presentado contra los diez arrestados. La acusación formal señala que los imputados se aprovecharon del SeNaSa para desfalcar al Estado dominicano por miles de millones de pesos, habiendo recibido solo en sobornos una cifra que supera los 2 mil millones de pesos.
