Jorge Frías a empleados del PRM que filtran datos: "Si perdemos en el 28, es para fuera que van"

Santo Domingo, R.D.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jorge Frías, lanzó una fuerte advertencia el pasado domingo contra los empleados públicos de su organización que suministran información a los medios de comunicación sobre supuestos descuentos salariales con fines políticos.

A través de su cuenta en la red social X, el legislador fue tajante al señalar que quienes denuncian estas prácticas irregulares enfrentarán consecuencias laborales si el partido oficialista no retiene el poder en las elecciones de 2028.

“Bajo mi responsabilidad, les digo a los empleados del PRM que están pasando informaciones a medios de comunicación, por un par de pesos, que real o supuestamente les descuentan, que se preparen, que si perdemos en el 28, van a desear los descuentos; es para fuera que van”, escribió Frías.

Contexto de denuncias en FEDA e ITLA

La reacción del congresista surge tras la publicación de varios reportajes de investigación periodística que han sacado a la luz esquemas de cobros no autorizados a servidores del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y escándalos administrativos en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), los cuales provocaron destituciones recientes.

Frías no especificó qué mecanismos utilizaría el partido para identificar a los supuestos delatores dentro de la nómina pública.

Choque con la Ley de Función Pública

Las declaraciones del diputado entran en conflicto directo con la Ley 41-08 de Función Pública, normativa que regula el comportamiento ético de los servidores del Estado.

Dicha ley prohíbe explícitamente el uso de cargos para coaccionar a subordinados con fines partidistas. Específicamente, su artículo 83 tipifica como faltas de segundo grado el "realizar actividades partidistas, así como solicitar o recibir dinero u otros bienes con fines políticos en los lugares de trabajo", garantizando además la neutralidad del servicio público y la protección del denunciante ante irregularidades administrativas.