Maxy Gerardo Montilla acepta devolver más de RD$2,000 millones al Estado
Santo Domingo.– En el marco de una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, el Ministerio Público logró la homologación judicial de un acuerdo mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra, junto a un grupo de empresas vinculadas, reconoce su responsabilidad penal y autoriza el decomiso de más de RD$2,000 millones a favor del Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó el acuerdo ante el tribunal, sustentado en el criterio de oportunidad establecido en la normativa vigente. La resolución fue aprobada por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Entre los compromisos asumidos, Montilla deberá indemnizar con RD$600 millones a las tres principales distribuidoras de electricidad del país: EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en compensación por los perjuicios derivados de sus operaciones.
Adicionalmente, se comprometió a disolver, en un plazo máximo de dos años, un total de once empresas, entre ellas: Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa, NSD Importaciones Diversas, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, Importadora Eaglerise, TLC Negocios Globales, Watmax Lighting, Herrajes Eléctricos RPC y MG Solomon Corporation.
También deberá pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) un monto superior a RD$431 millones en concepto de obligaciones tributarias.
Como parte del acuerdo, se incluye el decomiso de un inmueble de 200.18 metros cuadrados, ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, casi esquina Ortega y Gasset, en el Ensanche Naco, Distrito Nacional, valorado en más de RD$50 millones.
La representación de las distribuidoras de energía recayó en Celso Marranzini, en su calidad de presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE), mientras que su asistencia legal estuvo a cargo de los abogados Miguel Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo. Por la defensa del imputado actuaron Joaquín Antonio Zapata Martínez y Edward Veras Vargas.
El director de Persecución, Wilson Camacho, y la coordinadora de la Pepca, Mirna Ortiz, valoraron positivamente la resolución judicial, señalando que constituye un avance importante en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad.
