Rosa Amalia Pilarte pide se revoque la condena en su contra por lavado de activos
Santo Domingo, R.D.- La exdiputada Rosa Amalia Pilarte solicitó la suspensión de la sentencia que la condena a cinco años de prisión, al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público y que ordena su ingreso al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La solicitud fue presentada mediante un recurso de revisión constitucional, con el objetivo de que se suspenda la ejecución de la condena dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el pasado 29 de agosto, hasta tanto el recurso sea conocido y fallado.
El recurso fue depositado en la Secretaría de la Suprema por un equipo de abogados integrado por Eduardo Jorge Prats, Julio Cury, Luis Leonardo Félix Ramos, Roberto Medina Reyes, Amado Gómez Cáceres, Pedro Castellanos Hernández y George Alexander Medina Lora. Los representantes legales de Pilarte sostienen que la medida busca preservar garantías fundamentales como el debido proceso, así como los principios de seguridad jurídica y separación de poderes.
En el documento se plantea que el Tribunal Constitucional debe valorar el posible daño irreparable que podría sufrir la exlegisladora si se ejecuta la sentencia antes de que el recurso sea debidamente evaluado. También señalan que la prisión preventiva, en este caso, estaría relacionada con delitos de carácter económico que no representan una amenaza directa a la vida, la salud ni a la seguridad pública.
Los abogados argumentan que existen elementos de derecho que podrían evidenciar violaciones a derechos fundamentales, lo cual, según jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, justificaría la suspensión excepcional de la ejecución de una condena penal firme.
Mientras se tramita el recurso, la Suprema Corte remitió el fallo al juez de ejecución de la pena en La Vega. Sin embargo, trascendió que un ministerial se presentó en la residencia de Pilarte para notificarla formalmente, pero no encontró a nadie en el lugar.
En respuesta al recurso, Pedro Inocencio Amador Espinosa, exprocurador adjunto y miembro del equipo de la acusación, declaró que esta sentencia representa un mensaje claro de que ningún cargo público puede ser escudo contra la justicia. Destacó que la condena incluye el decomiso de más de una docena de bienes inmuebles, incluyendo terrenos, apartamentos, locales comerciales y propiedades rurales ubicadas en La Vega y Jarabacoa, valoradas en cientos de millones de pesos.
A su juicio, el decomiso no solo tiene un carácter sancionador, sino también ejemplarizante, al enviar una señal firme contra el crimen económico y la impunidad en el ejercicio de funciones públicas.
